La regulación es el mecanismo que usan los gobiernos para corregir y/o proteger bienes y servicios que son de interés público, a través de dictar diferentes leyes y normas, que afectan de una forma u otra a diferentes industrias o mercados.
Las regulaciones en los mercados financieros y de capitales responden a la necesidad de evitar las asimetrías de información que pongan en desventaja a determinados inversionistas o ahorristas de otros agentes más sofisticados, así como corregir externalidades y competencias imperfectas a través de normas que buscan acotar el ingreso y la actuación de diferentes agentes participantes en los mercados financieros y de capitales.
En el Perú hay principalmente dos instituciones que regulan a estos agentes de forma directa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), esta última es adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que la SBS tiene autonomía constitucional.
La SBS regula a algunos agentes que son demandantes de instrumentos financieros (tales como Seguros y Fondos de Pensiones), mientras que la SMV regula a otros agentes vinculados al sistema del mercado de valores, como los mercados centralizados o Bolsa de Valores, las instituciones de compensación y liquidación de valores, los agentes intermediarios, como las sociedades agentes de bolsa, los emisores de valores, como empresas emisoras de instrumentos financieros, las sociedades titulizadoras y las sociedades administradoras de fondos (sean estos fondos mutuos, de inversión o ambos), y a los inversionistas, sean institucionales o no sofisticados.
El estado peruano a través de la SMV es miembro de la Organización Internacional de Comisiones en Valores (por sus siglas en inglés, IOSCO), institución que tiene como objetivo estandarizar las normas de los mercados de capitales, buscando la transparencia de los mercados para que sean justos y eficientes, reduciendo riesgos fiduciarios de los agentes intervinientes y por ende, proteger al inversionista.
En línea con lo anterior, el estado peruano también adoptó las prácticas y principios de Basilea (I, II y III) para mitigar riesgos en el sistema financiero, mediante el fortalecimiento de las políticas de riesgo de las instituciones financieras donde también se incorporan las normas de prevención de lavado de activos y lucha contra el terrorismo.
Asimismo, el estado peruano es aspirante a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo fin es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, estableciendo líneas de acción globales para fortalecer el crecimiento económico, creando empleos, fomentando la educación y reduciendo la evasión tributaria.
Ahora bien, todos estos organismos internacionales requieren al estado peruano a tener lineamientos y políticas sobre los agentes financieros y de los agentes intervinientes en el mercado de capitales.
En un país como el Perú, donde las tasas de informalidad son elevadas (algunas estadísticas señalan que son superiores al 70% de la economía), donde se concentra el cultivo y producción de sustancias ilícitas y donde la minería informal va en crecimiento, reducir las regulaciones vinculadas al sector financiero y del mercado de capitales podría facilitar el ingreso de dinero ilícito, redundando negativamente sobre la seguridad del país, así como en el incremento de la delincuencia, corrupción, sicariato, entre otros.
Por lo antes expuesto, podemos ver que el problema es bastante complejo, si se suaviza la regulación podría conllevar al Perú a formar parte de las lista gris o negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría generar que muchos otros países dejen de hacer negocios con empresas peruanas, el Perú podría ser expulsado de algunos organismos multilaterales, el riesgo país aumentaría y con ello la de la inversión extranjera en el Perú se reduciría drásticamente, siendo esta última muy necesaria para generar crecimiento económico.
Por otro lado, mantener o aumentar la regulación seguirá impidiendo el acceso de una gran parte de inversionistas y empresas a un mercado financiero y de capitales formal, lo que conlleva a un mercado informal donde vemos la existencia de estafas, tasas intereses usureras, métodos de cobro violentos y nula generación de impuestos.
La regulación de los mercados financieros y de capitales debería ser percibida por los inversionistas y empresas como una fortaleza en el momento de realizar sus inversiones o buscar fuentes de fondeo, respectivamente. En un mercado donde las emisiones y colocaciones privadas son mucho más comunes que las públicas, se percibe que la regulación trae consigo “mas costos que beneficios”. Mantener estándares tan elevados de información, estructuración, gobierno corporativo, clasificaciones de riesgo, revelación de información financiera y hechos de importancia no genera un ahorro significativo que justifique a un emisor (pequeño o mediano) hacer una colocación pública, y el inversionista muchas veces prefiere recurrir a invertir en estructuras privadas que carecen de regulación, pero que les genera un porcentaje mayor de rendimiento (debido a que es menos costoso realizar una emisión privada), es decir, para el inversionista la regulación no es un factor que justifica la percepción de un menor tasa de rendimiento.
¿Qué se puede hacer en un escenario como este?
- La SMV y la SBS deberían tomar un rol más activo en la promoción de sus respectivos mercados, así como brindar a los inversionistas más información del rol que tienen como agentes de supervisión y como esto se traduce en la mitigación de riesgos a favor de los inversionistas. Es imprescindible fomentar la cultura financiera desde los niveles más básicos de la educación, el porcentaje de personas con conocimiento financiero es muy bajo y la media de la población no entiende conceptos de este tipo.
- Se debería promover la formalización antes que la fiscalización y recaudación tributaria, toda vez que los agentes económicos informales no tienen forma de acceder al mercado financiero y al mercado de capitales sin exponerse a ser presionados por la SUNAT o en algunos casos al escrutinio del ministerio público.
- Crear mayores beneficios e incentivos a los emisores para financiarse a través de emisiones públicas, claramente el Mercado Alternativo de Valores no ha funcionado, la regulación no genera beneficios ni incentivos suficientes para las empresas medianas y pequeñas que prefieren seguir financiando sus actividades a través del sistema bancario o de mecanismos privados.
- Los altos costos regulatorios que soportan los agentes regulados frente a los no regulados crean una competencia desleal. En tal sentido, el regulador debería de crear incentivos que generen el valor agregado suficiente para que se alineen las expectativas de todas las partes involucradas. Adicionalmente, las sanciones impuestas en algunos casos no guardan relación con el perjuicio generado al mercado.
- El mercado necesita mecanismos de regulación emanados de un agente especializado en realizar estas actividades, o contar con lineamientos internos dentro de las empresas que fomenten la autorregulación. Las referidas actividades deben ser eficientes, adecuadas a las prácticas del mercado y tamaño de la empresa, a fin de contar con un mercado eficaz que promueva la transparencia y las buenas prácticas.
- El regulador necesita incrementar sus recursos económicos con el fin de poder realizar actividades fiscalizadoras que detecten infracciones incurridas por los agentes informales que se encuentren realizando actividades sin las licencias necesarias.
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